Cristhian Murillo es director del Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad CAPRODI. Conversó con ProDerechos y se refirió al reciente pronunciamiento que hizo la titular de CONADEH, Blanca Izaguirre, sobre la situación jurídica, el estado de salud y la accesibilidad universal, en que se encuentran unas 575 personas con discapacidad, que están privadas de su libertad en 25 centros penitenciarios del país.
“Aplaudimos que una instancia nacional perteneciente al Estado, presione para la identificación de la población con discapacidad privada de libertad. Desde las instancias de derechos humanos nacionales, se puede hacer más para mejorar el acceso a justicia de las personas con discapacidad que están en privación de su libertad. Sin embargo, desde CAPRODI creemos que esta población puede ser más, ya que la identificación estuvo a cargo del INP y hay unas capacidades técnicas de identificación para la discapacidad bastante bajas, lo sabemos porque hemos hecho visitas, hemos monitoreado los centros penales, y hay unas discapacidades que no son visibles y para el personal penitenciario es difícil hacerlo sin profundizar”, dijo.
Agrega que se debe hacer un ajuste a los procedimientos para el acceso a la justicia para las personas con discapacidad. “Los intérpretes y el acceso a la información no son los adecuados para que las personas con discapacidad, que actualmente están siendo procesadas, puedan salir en libertad rápidamente”, afirmó.
En palabras de Cristhian, las personas con discapacidad, privadas de libertad en Honduras, están sufriendo tratos degradantes, crueles e inhumanos que rayan en muchos casos con la tortura.
“No tienen acceso a medicamentos fundamentales para las patologías de base, el hacinamiento empeora y deteriora su salud, la atención médica no es especializada, y luego tenemos unas condiciones de acceso en materia de infraestructura bastante deplorable”, señaló.
CAPRODI desde hace años implementa un programa de reinserción social y rehabilitación para privados de libertad con énfasis en discapacidad, basado en el yoga y la meditación como una herramienta para la sanación personal, y se puede complementar con otras alternativas que le permita a la persona privada de libertad reinsertase a la sociedad. Puede ser una opción que desde el Estado se aborde para darle condiciones que dignifique a la persona con discapacidad privada de libertad.