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La población LGTBIQ+ necesita una ley de identidad de género más integral

En el monitoreo de mayo conversamos con Donny Reyes, él es coordinador técnico de la asociación LGTBI Arcoíris de Honduras y coordinador del Consejo Nacional de Protección para defensores, defensoras, periodistas y comunicadores sociales y operadores de justicia.



A criterio de Donny, hay un discurso de inclusión, de respeto a los derechos humanos, muy claro por parte del Gobierno, sin embargo, asegura que en la práctica sigue siendo difícil y a su vez complicado, defender los derechos humanos en Honduras. “Es un discurso bastante progresista, pero el actuar no ha cambiado, los defensores de derechos humanos seguimos sufriendo atentados, crímenes, persecución. Después de cinco meses del Gobierno, les ha costado desarticular a toda esa red de agresores que se encuentran en la institución pública”, lamentó Donny.


Para Donny, el siguiente paso para la defensa de los derechos humanos de la población LGTBI, reside en que el Gobierno haga cambios estructurales y no cosméticos. “La población LGTBI está pidiendo una restructuración para el cambio de nombre, que no se quede solo con el cambio en el reglamento, sino con la reforma a la ley del Registro Nacional de las Personas”, dijo.


Agregó que, para avanzar en un verdadero respeto a los derechos de la población LGTBI, se requiere una ley de identidad de género, que sea más integral, que trastoque otros aspectos, que genere mejores condiciones para las poblaciones LGTBI, y que les permita tener derecho a una vivienda, a un empleo, a la salud.


“Esto no debe quedarse únicamente en lo que los instrumentos internacionales señalan, el Estado también debe responder a esos requerimientos que la población LGTBI demanda en Honduras”, aseveró. Donny lamentó que algunos legisladores pongan bloqueos a las iniciativas que han presentado al Congreso Nacional.


Desde las organizaciones que conformamos el comité que compone la diversidad sexual en Honduras, hemos hecho propuestas al Gobierno, para generar una ley antidiscriminación, porque necesitamos generar procesos internos de cambio, que apuesten por políticas públicas inclusivas que respeten la diversidad.



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